Entidades de pago y limitación a los pagos en efectivo

Las entidades de pago se convertirían en sujetos obligados de la Ley que intensifica las atuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, pudiendo ser sancionadas de forma solidaria de la infracción cometida y de la sanción que impusiese la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), lo cual creaba un problema difícil de soslayar.

Por María Aguirre Aldereguia, Daniel Rueda Silva

El artículo 7.Uno.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (B.O.E. núm. 261, de 30 de octubre de 2012) establece que: “No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional”.

Añade el mismo artículo en su segundo epígrafe: “Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos”.

Cabe entender como consecuencia de esta redacción que las entidades de pago se convertirían en sujetos obligados de dicha norma, pudiendo ser sancionadas de forma solidaria de la infracción cometida y de la sanción que impusiese la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), lo cual creaba un problema difícil de soslayar.

Ante las (comprensibles) dudas interpretativas suscitadas por esta ley, una entidad de pago, entendiendo que como tal era obligada tributaria y podía formular consultas a la AEAT, respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda, según lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley General Tributaria, presentó una consulta vinculante ante la Dirección General de Tributos (DGT), con el objeto de determinar si las limitaciones a los pagos en efectivo contenidas en el artículo 7 de dicha ley eran aplicables a los servicios de envío de dinero realizados por entidades de pago, según se definen aquellos en el artículo 2.13  la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. Es decir, servicios consistentes en recibir una entidad de pago fondos de un ordenante sin crear una cuenta de pago, y con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario, o recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de éste.       

El elemento subyacente de la consulta no fue otro que el tratar de evitar el posible solapamiento o confusión de las obligaciones de las normas tributarias con las previstas para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En efecto, la Ley 10/2010, de 28 de abril, incardina los citados servicios de envío de dinero en el capítulo VI de dicha ley, en concreto, en su artículo 41, que especifica que las transferencias deberán cursarse a través de cuentas abiertas en entidades de crédito; tales transferencias ya excluidas en la Ley 7/2012, puesto que los servicios de envío de dinero se canalizan, por la intermediación de las entidades de pago, a través de cuentas abiertas en entidades de crédito, por lo que no tenía sentido imponer una limitación a la operativa de dichas entidades.

Esta regulación complementaria en materia de prevención del blanqueo de capitales regula ciertos umbrales económicos (importe, singular o acumulado en cada trimestre natural, que supere 3.000 euros en el caso de transferencias con el exterior o 6.000 euros en el de cambio de moneda) a partir de los cuales se exigen medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente.

Estos límites se solaparían con los establecidos en la Ley 7/2012: un umbral de 2.500 euros a partir del cual no se permitiría realizar el servicio de envío de dinero, salvo que los propios interesados (remitente y beneficiario) lo canalizaran a través de cuentas en entidades de crédito, precisamente lo que ya venían haciendo las entidades de pago como intermediarias.

En contestación a la consulta planteada, la DGT dirimió que, al no gozar esta norma de una naturaleza tributaria, la cuestión no era de carácter consiguientemente tributario, y por tanto, no resultaba procedente su tramitación.

Esta interpretación se encuentra cuanto menos enfrentada a la propia exposición de motivos de la Ley 7/2012, la cual anuncia que “esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal”, y a la par: “la evolución de los comportamientos fraudulentos y la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa tributaria, tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permiten una reforma con perspectiva suficiente como para colocar a nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude”. “Tales comportamientos tributarios” continúa la exposición de motivos, “se han venido centrando fundamentalmente en el establecimiento de obligaciones de información, así como en la adopción de planes de actuación en el ámbito del control de la Administración Tributaria”.

 Además, y conforme al texto del artículo 7 arriba citado, la competencia para la tramitación y resolución del referido procedimiento sancionador corresponde en todo el territorio español a la AEAT, sin perjuicio de que la correspondiente sanción fuese compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Alude, pues, dicho precepto a sanciones de naturaleza tributaria, de un lado y a sanciones por blanqueo de capitales, de otro.

La entrada en vigor de la Ley 7/2012, y las cuestiones que de la misma surgieron, motivaron propuestas que entendemos paliativas del solapamiento normativo producido, a saber: que las entidades de pago no admitiesen la recepción de efectivo si el remitente indicase que actuaba en calidad de empresario o profesional o que se trataba de una operación de naturaleza comercial; o de no realizar la entrega de efectivo si el destinatario indicase que actuaba en calidad de empresario o profesional o que se trataba de una operación de naturaleza comercial. El haber llevado a cabo tales medidas habría supuesto, por un lado, realizar una importante modificación en las bases de datos tanto de entidades de pago españolas como de operadores extranjeros en España, y por otro, inversiones elevadas y más obligaciones de cumplimiento normativo, con el consiguiente conflicto o confusión en la aplicación de regulaciones de naturaleza dispar.

Finalmente, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su disposición final quinta, confirmó la naturaleza de la Ley 7/2012 como una norma de naturaleza financiera, aunque su finalidad es, como señala la exposición de motivos de la citada Ley, la lucha contra el fraude fiscal.

No obstante dicha definición, y atendiendo a las múltiples peticiones de los operadores en España, el legislador finalmente aceptó excluir de las limitaciones previstas en la Ley 7/2012, no solamente a las casas de cambio respecto de las operaciones de cambio de moneda en efectivo (exclusión prevista en el anteproyecto que modificaría parcialmente la Ley 58/2003, 17 diciembre, General Tributaria), sino también a las entidades de pago; en ambos casos, como establece la disposición final quinta, por tratarse de entidades supervisadas por el Banco de España y sujetas a la normativa de blanqueo de capitales, admitiéndose de alguna forma, dada la mención a dichas circunstancias regulatorias (aún ya previstas legalmente), que no tenía sentido una normativa financiero-tributaria como la comentada, al ya existir otros mecanismos legales para el control del fraude, en su más amplio sentido, respecto de la operativa de dichas entidades.